APARECEN NUEVAS DENUNCIAS SOBRE UN POSIBLE CHANCHULLO EN LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER

A PESAR DE LA GRAVEDAD DE LAS DENUNCIAS, EL GOBERNADOR DIDIER TAVERA MANTIENE EL PROCESO

Nuevas y graves denuncias contra la Gobernación de Santander por la forma como está manejando un proceso licitatorio para adjudicar el programa de alimentación escolar PAE se conocieron en las últimas horas, al término de una audiencia en la cual la administración escuchó sin inmutarse las observaciones de varias empresas interesadas en ese proceso.

“La Gobernación está direccionando ese proceso para adjudicárselo a la misma empresa que lo viene haciendo”, dijeron algunos asistentes a la audiencia.

Los términos presuntamente amañados de la licitación exigen asuntos que solo puede cumplir la firma Surcolombiana de Inversiones, según las denuncias.

“Por ejemplo, tener una línea telefónica 018000; poseer una certificación del Ministerio de Trabajo (que está en paro) y pedir un ingeniero ambiental con más experiencia que el propio coordinador del PAE, nos hace dudar de la transparencia de este proceso porque son requisitos que solo un oferente puede cumplir”, afirmó Roberto Porras, representante de la firma Eprovalco.

Cabe recordar que el Comité de Transparencia por Santander también ha venido denunciando a través de su directora María Juliana Acevedo otras posibles irregularidades de este proceso desde días atrás relacionadas con disponibilidad de personal y de equipos rodantes, pero la Gobernación no ha querido prestarle ninguna atención.

El direccionamiento de esta licitación cuyo valor asciende a varios miles de millones de pesos estaría orientado para favorecer a la firma Surcolombiana de Inversiones que varias veces ha obtenido el contrato pero siempre bajo delicados cuestionamientos.

Además, hay que recordar que en el año 2016 y en lo corrido del 2017 esa firma ha enfrentado cuestionamientos por la intoxicación de algunos niños en un municipio del departamento; por entregar alimentos incompletos y en malas condiciones; por, según las denuncias de veedurías y de la misma interventoría, incumplir con varias condiciones de los millonarios contratos que ejecutó; y por salir beneficiada en licitaciones cuestionadas.

Desde que arrancó la administración del gobernador de Santander Didier Tavera, Surcolombiana de Inversiones, empresa famosa en todo el país por haber estado relacionada con el grupo empresarial de los controvertidos hermanos Torrado -investigados por un carrusel de contratos para el suministro de alimentos que tuvo lugar en la administración de Samuel Moreno en Bogotá-, se convirtió en una de las supercontratistas de Santander.

Cuando arrancó 2016 recibió directamente y en consorcio con una firma denominada MCD Cia (también relacionada con el grupo de los Torrado) un contrato por $11 mil millones bajo la figura de urgencia manifiesta, modalidad que le permitió a la Gobernación de Tavera hacer una contratación exprés para garantizar que los niños más vulnerables del departamento recibieran su ración alimentaria subsidiada por el Estado.

Más adelante, en abril de ese mismo año, pero esta vez en solitario, se quedó con una licitación de $23 mil millones, que terminó adicionada en $11 mil millones más, también para la entrega de los alimentos escolares; y luego le adjudicaron un nuevo contrato por $30 mil millones para seguir ejecutando ese programa en 82 de los 87 municipios de Santander.

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