El gobernador de Santander deberá nombrar en las próximas horas un alcalde encargado para Barrancabermeja, como consecuencia de la decisión tomada esta semana por el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá, que confirmó íntegramente la Medida de Aseguramiento que otro juez dictó hace varios meses contra el alcalde de esa ciudad, Darío Echeverri.

El burgomaestre y varios de sus asesores habían sido imputados de cargos por varios delitos, presuntamente cometidos en un intento por sabotear el proceso de revocatoria de su mandato, impulsado por varios líderes cívicos del puerto petrolero.  Incluso el juez fue más allá, al ordenar que la esposa del alcalde también sea cobijada con la misma medida restrictiva de su libertad, para lo cual deberá ser detenida y trasladada para ser reseñada por el Inpec. En una primera determinación judicial, se había ordenado su libertad, aunque siguió siendo investigada por los mismos hechos que involucran a su marido.

Esta vez, el juez de conocimiento dejó en claro que la esposa del alcalde jugó un papel determinante en los supuestos actos corruptos y delictivos desplegados y autorizados por el alcalde, pues así se infiere de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Fiscalía, durante las cuales ella habla con varias personas claves en el escándalo e imparte órdenes y al parecer dispone entregas de dineros.

El juez consideró que deberán permanecer con medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Al quedar en firme la decisión, el alcalde debe ser suspendido de su cargo de forma inmediata, mientras el gobernador nombra un alcalde encargado, antes de pedirle al partido Liberal que envíe una terna de la cual saldrá el alcalde que terminaría el período de Echeverri, en caso de que sea condenado.

En la decisión dictada esta semana durante una audiencia pública de segunda instancia, el juez de conocimiento avaló en su integridad las pruebas aportadas por la Fiscalía, según las cuales por orden de Echeverri se dispuso un plan de repartija de dádivas, sobornos, amenazas laborales e intimidaciones contra sus adversarios políticos y contra quienes lideraron el proceso electoral que buscaba revocar su mandato. Entre las pruebas figuran cientos de horas de grabaciones de llamadas telefónicas, que la Fiscalía obtuvo durante varios meses, antes, durante y después del proceso electoral y las votaciones finales.

De hecho, varias de las actuaciones emprendidas por el alcalde y sus asesores más cercanos, estuvieron encaminadas a “tumbar” el proceso, para lo cual se valió de conocidos dirigentes políticos de su región, congresistas y hasta magistrados del Consejo Nacional Electoral. Fue así como en las grabaciones aparecieron conversaciones del burgomaestre con el senador Horacio Serpa Uribe, quien le promete gestiones de alto nivel en Bogotá con el propio procurador general y con un magistrado del Consejo Nacional Electoral.

En el material probatorio obtenido por los investigadores también figuran nombres de otros dos senadores, así como del propio actual gobernador del departamento, un ex gobernador, jueces, magistrados de tribunal, periodistas, contratistas, concejales, registradores y oficiales de la Policía, quienes aún están en el radar de las investigaciones.

Todos los imputados recibieron cargos por delitos contra el elector, constreñimiento y abuso de autoridad, entre otros. Además del alcalde Echeverri y su esposa, sus asesores también fueron procesados y, al igual que él, fueron cobijados con medida de aseguramiento. El papel de estos, fue el de coordinar la repartija de dádivas, varias de ellas en dinero en efectivo, así como puestos oficiales, almuerzos, llantas para carros y motos, tarjetas sim card y ascensos.

Pero este no es el único caso judicial que acosa al alcalde de Barrancabermeja pues la misma Fiscalía lo tiene en la mira por otro sonado escándalo de corrupción, que ha sido denominado el caso de los “niños fantasma”, consistente en contratos para ayudas escolares a los niños del municipio, quienes, según se investiga, al parecer no existían o nunca fueron incluidos en la lista de beneficiarios.

Las autoridades judiciales también investigan denuncias de contratación por mega obras en el puerto petrolero, así como por supuestos acosos laborales y nombramientos irregulares. El caso de los “niños fantasma” ya ha avanzado hasta la imputación de cargos, y es otro de los procesos que podría llegar hasta la acusación formal en pocos días.

(chivas y crónicas)

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