ATENCIÓN : OTRO CHANCHULLO EN LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER CON EL CONTRATO DEL PAE

EN SU CAMPAÑA ELECTORAL, EL ACTUAL GOBERNADOR DIDIER TAVERA HABÍA PROMETIDO OBRAR CON MÁXIMA TRANSPARENCIA

A pesar de que quien fuera Secretaria de Educación del actual gobierno de Santander, Ana de Dios Tarazona, se halla en la cárcel por presuntos delitos cometidos en la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar –PAE- del año pasado, la administración del Gobernador Didier Tavera parece no haber aprendido la lección y se encamina a cometer las mismas arbitrariedades.

Así se desprende de las nuevas denuncias que ha formulado el Comité de Transparencia por Santander, (el mismo que destapó los anteriores chanchullos), al proceso licitatorio que adelanta la Gobernación para el PAE de este año.

Y tal como ocurrió el año pasado, la gobernación no presta atención a las denuncias. La licitación se acerca a los 25 mil millones de pesos y solo comprende los primeros 52 días de clases de 2018.

La directora del Comité de Transparencia, María Juliana Acevedo, ha advertido que se trata de las mismas recomendaciones que ya le habían formulado en el 2017 a la Gobernación de Santander para blindar la transparencia de la contratación de los PAE, las cuales no fueron admitidas por la administración del Gobernador Didier Tavera, con las consecuencias penales que hoy se están viviendo.

Los siguientes son apartes de la nota que sobre el tema publicó este sábado el diario Vanguardia Liberal:

Una vez cumplida la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones de la licitación para contratar la operación del Programa de Alimentación Escolar –PAE- 2018, las veedurías ciudadanas continuaron advirtiendo sobre posibles irregularidades en este proceso licitatorio.

Así lo dio a conocer el Comité de Transparencia por Santander, al advertir que la administración departamental, además de omitir las anteriores sugerencias presentadas por la veeduría ciudadana, modificó parte de los requisitos habilitantes de la licitación, poniendo en riesgo la participación de oferentes en el proceso.

EN ESTOS TEJEMANEJES NO IMPORTA LA CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDE A LOS ESTUDIANTES POBRES

“Sorprende a esta veeduría, que la administración departamental en el proyecto de pliegos solicite acreditar la disponibilidad de bodega por medio de carta de compromiso y posteriormente cambie de criterio en los pliegos de condiciones definitivos, al solicitar este mismo requisito pero por medio de certificado de libertad y tradición, si es propietario de la bodega, o en su defecto contrato de leasing o arrendamiento. Cuál es la finalidad de exigir un contrato de arrendamiento a un oferente cuando éste no tiene la certeza de ganar el contrato, pero posiblemente sí puede limitar la pluralidad de oferentes?”, cuestionó la vocera de Transparencia por Santander, María Juliana Acebedo.

Algunos posibles oferentes que hicieron presencia en la audiencia de aclaración de pliegos también hicieron observaciones con respecto a este mismo asunto, argumentando que de mantenerse este requisito, se dificultaría la participación de potenciales oferentes.

“En cuanto al tema de las bodegas, en el borrador al pliego definitivo hay un cambio en el sentido de exigencia referente a que en el pliego se solicita una carta de intención y en el pliego definitivo se piden todos los documentos al proponente, lo cual en este momento solo tiene el actual operador o el operador del anterior PAE, y favorece claramente a él”, señaló, Sergio Manrique, oferente interesado.

En el mismo sentido, por lo menos tres intervinientes más cuestionaron el cambio en el pliego de condiciones por parte de la Gobernación.

En la audiencia también intervinieron proveedores del Programa de Alimentación Escolar del segundo semestre del año pasado, quienes advirtieron que no continuarán prestando su servicio por falta de pago por parte de la Gobernación de Santander.

“Soy proveedor del contrato del PAE que acaba de pasar en 2017 y estamos en una situación de desequilibrio económico terrible, en donde en este momento la Gobernación nos adeuda cerca del 90% de los pagos y que de pronto se nos convierte en un riesgo para el PAE 2018 porque estamos seguros como voceros de los demás proveedores del departamento, que en este año no vamos a prestar ninguno de nuestros servicios de proveeduría a ninguno de los operadores hasta cuanto no se nos pague el total de lo que nos adeudan”, expuso Israel Calvo, representante de Empsenal.

La Gobernación aún adeuda $24 mil millones, de los $30 mil millones que costó la operación del PAE en el segundo semestre de 2017. Es decir, solo ha cancelado el 12% del valor del contrato.

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