CONTRALORÍA DENUNCIA MULTIMILLONARIO TORCIDO EN EMPRESA ESTATAL DE SANTANDER

ASÍ DEBERÍA HABER SIDO CONSTRUIDO E INAUGURADO EL EDIFICIO DE EMPAS A PRINCIPIOS DE 2016. A LA FECHA NO LO HAN TERMINADO Y LO QUE HAN EJECUTADO LES QUEDÓ MAL HECHO

La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por más de 2 mil 838 millones de pesos por las irregularidades evidenciadas en la construcción del edificio administrativo de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander  – EMPAS-, localizado en Bucaramanga.

La obra  presentó irregularidades técnicas en su parte estructural, al incumplir la norma de sismo resistencia de 2010, así como la norma urbana 14-051NU, establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bucaramanga.

El caso pasó además a conocimiento de la justicia penal y de la Procuraduría.

Los hechos corresponden al contrato de obra, suscrito por EMPAS con la Unión Temporal “Edificio Administrativo 2015”, por una cuantía inicial superior a 5 mil millones de pesos, para la construcción de estructura, elementos no estructurales e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas del edificio administrativo de la EMPAS en Bucaramanga.

El contrato contemplaba la construcción de un edificio de 9 pisos, con climatización natural y sistemas de iluminación y ventilación también naturales, y su ejecución tendría una duración de 7 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, firmada el 13 de julio de 2015, por lo que la obra debía ser inaugurada a principios de 2016. A la fecha de hoy todavía está en construcción.

INCUMPLIMIENTOS

La falta de seguimiento y una fallida supervisión al avance de la obra, llevaron a las graves irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República, y que ocasionaron un detrimento patrimonial por más de 2 mil 838 millones de pesos.

Según lo pudo establecer la Contraloría, y de conformidad con los informes rendidos por los profesionales de la EMPAS, las especificaciones técnicas y arquitectónicas inicialmente contempladas fueron cambiadas, sin que el contratista, así como tampoco el interventor ni el supervisor de la obra lo impidieran.

Los documentos técnicos en los que se justificaron dichos cambios confirmaron el incumplimiento de la Norma Sismo Resistente 2010, así como las irregularidades técnicas presentadas en la estructura del edificio administrativo, todavía en construcción.

LA CONTRALORÍA SE OCUPA DEL DAÑO FISCAL, LA PROCURADURÍA DE LO DISCIPLINARIO Y LA FISCALÍA DE LO PENAL

La cuantía del daño, valorada en más de $2 mil 838 millones de pesos, corresponde al valor del anticipo pagado al contratista, así como los demás pagos parciales, toda vez que lo ejecutado hasta la fecha no corresponde a las especificaciones técnicas y arquitectónicas previstas inicialmente en los estudios y en el Contrato, lo que conlleva además un riesgo inminente que compromete la infraestructura construida. Lo anterior podría afectar la estabilidad de la obra, como consecuencia de una gestión ineficiente,  inadecuada y antieconómica por parte del contratista.

RESPONSABLES

los presuntos responsables del mencionado detrimento patrimonial serían los miembros de la Unión Temporal Edificio Administrativo 2015, representada por Jesús Pedro Nel Serrano Meneses, quien suscribió el contrato. Igualmente involucrado se encontraría otro miembro de la Unión Temporal, en calidad de contratista, Roberto Enrique Rodríguez Ruiz, quienes tendrán que responder  con su propio patrimonio por los más de $2 mil 838 millones que recibieron en pago de la obra.

Así mismo, se evaluará la responsabilidad tanto de la firma interventora del contrato, Consorcio Interventor RCG Santander, como del ingeniero a cargo de la supervisión del contrato, Jorge Alberto González Soto, quienes habrían permitido el incumplimiento por parte del contratista, afectando la construcción de la estructura.

Dicho consorcio estuvo conformado por Rutbel Arley Rueda Rodríguez, Luis Alberto Cayachoa García y Siervo Antonio Gallo Rey.

Por su parte, el ingeniero Jorge Alberto González Soto, quien estuvo a cargo de la supervisión del contrato, debía llevar a cabo la supervisión técnica, administrativa y financiera del proyecto, y asegurar el cumplimiento de los términos de referencia, del manual de especificaciones y de la norma vigente.

La conducta de los miembros del consorcio contratista, así como la de los miembros del consorcio a cargo de la interventoría y la del supervisor del contrato, llevó a un manejo inadecuado de los recursos públicos, incurriendo en una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, que en últimas condujo a que la obra se paralizara por el riesgo en la infraestructura construida, afectando su estabilidad, y llevando en consecuencia a la pérdida de más de $2 mil 838 millones de pesos.

Ante la gravedad del daño evidenciado, los hechos fueron puestos en conocimiento tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Fiscalía General de la Nación, para que dichas entidades, en el marco de sus competencias y funciones, investiguen igualmente lo ocurrido.

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