EL PAE SE CONVIRTIÓ EN PLATO FAVORITO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CORRUPTOS

BUENA PARTE DEL DINERO DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POBRES, SE LA ROBAN FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CORRUPTOS

El Programa de Alimentación Escolar, PAE, se convirtió en el más apetecido por empresas criminales que se constituyeron para ganarse las licitaciones y que vieron en este sector la gran oportunidad para defraudar al Estado, robarse el dinero de la alimentación de los niños, con la seguridad de que no sería notado su accionar delictivo.

El laxo sistema judicial de nuestro país permite que estas personas transgredan la ley en un departamento y aparezcan con las mismas prácticas en otro, con la amnésica memoria de jueces y funcionarios y la pereza de quienes se encargan de revisar la documentación presentada por las empresas y los antecedentes de las personas que la conforman.

El vil dinero se ha encargado de corromper todos los estamentos de la Nación. No hay programa en el cual no existan funcionarios o particulares involucrados en los grandes escándalos por corrupción que se han destapado en los últimos meses.

El país perdió sus valores morales y eso se debe a que la Justicia no opera. Los ladrones de cuello blanco son enviados a casa por cárcel y no hay un juez con los suficientes pantalones para que se haga cargo de no avalar que criminales descarados que han desangrado a la nación, han pagado sobornos y tienen primas permanentes para un estrecho círculo de secuaces, terminen en la comodidad de su casa por cárcel y burlándose del pueblo que es, en últimas, a quien le roban el dinero de sus impuestos.

Desde el Congreso, los mismos legisladores se encargan de hundir las reformas al sistema penal colombiano porque saben que su rabo de paja es tan grande, que en cualquier momento la más mínima chispa les caerá encima y puede ocasionarles una verdadera deflagración que los deje convertidos en cenizas, pero millonarios, gracias a los sobornos que reciben, que patrocinan y que entregan.

El descarado tinglado montado para hacerse con los contratos del PAE tenía un trabajo de filigrana tan elaborado que hasta recónditos lugares de la geografía nacional fueron a buscar empresas para hacerlas figurar como contratistas.

Otras sólo existen en el papel y otras, jamás han tenido en su función social o comercial lo que se relaciona en los contenidos de las presentaciones para ganarse las licitaciones.

La justicia colombiana debería investigar también a los funcionarios que se encargan de revisar la documentación empresarial y los antecedentes de las personas que aparecen en las relaciones licitatorias y a ellos también se les deben endilgar las responsabilidades porque al avalar una documentación de carácter público, conviven con el delito de falsedad, por la pereza de hacer una llamada o ir hasta las dependencias a corroborarlos.

Las camarillas criminales que se conformaron en la Costa Atlántica, en la Pacífica y en el oriente del país, se apoderaron de los recursos en 13 departamentos y hay empresas y personas que habían sido descalificadas por corruptas en unos lugares y aparecieron como las mejores en otros.

Estamos seguros que la falla no es de tecnología. La falla es humana y esa corruptela tiene muchas aristas y no sólo están implicadas las 88 personas que se han capturado en todo el país, sino que por encima de ellos hay otras que siempre están detrás de bambalinas y es por eso que la Fiscalía debe también buscar en las Gobernaciones, las Alcaldías, el Senado, la Cámara, los Ministerios y otras dependencias, más gentes comprometidas, porque criminal no sólo es el que firma, también es el que avala a quienes se le dirigen y otorgan las licitaciones.

Por: Enrique Narváez Benítez – Jefe de Redacción/EL FRENTE

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