EN COLOMBIA ESTÁ PROHIBIDO IMPORTAR CIUDADANOS CHINOS Y VENDER TRAGO A LOS BORRACHOS

LA CULPA DE TODO LA TIENEN LOS “HONORABLES PADRES DE LA PATRIA” (SENADORES Y REPRESENTANTES) Y LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Son numerosas las leyes absurdas y hasta ridículas que existen en Colombia. El prontuario legislativo causa risa. Pero como no han sido derogadas, son leyes que aún están vigentes y que, supuestamente, deben ser acatadas y respetadas. Solamente cuando una norma igual o superior las derogue podrá decirse que han dejado de existir, pero ello no ha sucedido todavía.

Veamos algunos ejemplos de leyes que están vigentes en Colombia:

La ley 62 de 1887, que impide la importación de ciudadanos chinos a Colombia para cualquier trabajo sin perjuicio de lo que haya sido pactado con las empresas antes de su expedición.

Ley 88 de 1923, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad, a los enajenados y a los borrachos.

Ley 1335 de 2009, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. Actualmente en cualquier esquina de las principales ciudades se consigue quién venda uno o dos cigarrillos sueltos.

El Código de Régimen Político y Municipal de 1914, que sostiene que los decretos o actos que expida el Alcalde de turno deberán ser comunicados a bando, es decir, con trompetas y timbales. Nada más arcaico y ridículo.

La Ley 11 de 1920, que prohíbe la venta de jeringas y agujas sin formula médica. Actualmente se consigue en droguerías este tipo de materiales sin ninguna prescripción médica.

Desde 1918, por medio de un decreto, fue prohibida la mendicidad. Hoy en día hay miles de mendigos que viven en las calles de las ciudades sin que ninguna autoridad los intervenga. Los mendigos son entonces ciudadanos ilegales dentro de su propio país.

Y, por último, el Artículo 21 de la ley 119, que establece que el Estado debe enviar tres estudiantes al exterior para estudiar silvicultura, la disciplina de las selvas.

Otras leyes inútiles que no se han hecho realidad pero que han suscitado innumerables debates y cantidad de tiempo invertido de parte del “honorable” legislativo colombiano, son: Proyecto de Ley que prohíbe las tareas escolares y las reformas al escudo nacional sustituyendo al cóndor por un gallinazo y retirando el istmo de Panamá.

HAN COSTADO MILLONES

Solo por la expedición de leyes –aproximadamente 61 al año– cada una les cuesta a los colombianos 1.940 millones de pesos, que es el valor representado en el salario de los congresistas, el cual equivale a más de 12 mil millones de pesos cada año. Despilfarro total.

En cuanto a los decretos, en los últimos nueve años el Gobierno ha expedido cerca de 2.938; si contamos únicamente el salario del Presidente de la República, cada decreto nos cuesta cerca de 20 millones de pesos, sin tener en cuenta el impacto económico de las órdenes que como tal estos documentos obligan.

A las más de 1.830 normas expedidas desde 1992, sobre las cuales no ha existido un control acerca de lo que se conocía antes como el prontuario de la legislación para saber qué estaba vigente o derogado y qué había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, se tienen que sumar más de 130 leyes por año que se expidieron desde 1886 hasta 1990.

Y mientras que una ley de igual o superior jerarquía no diga que estas polémicas y obsoletas normas se encuentran derogadas, estas leyes seguirán vigentes y harán parte, gústenos o no, de nuestro ordenamiento legal y deberían ser acatadas.

Por HERNÁN ALEJANDRO OLANO – Director del Programa de Historia y Estudios Socioculturales – Universidad de La Sabana

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