El gasto, que se hizo en medio de la pandemia por el coronavirus que azota al país, ha desatado polémica.

El 17 de marzo de 2020 la Secretaría Ejecutiva de la JEP (Justicia Especial para la Paz), en cabeza de María Del Pilar Bahamón, con la supervisión y visto bueno de la presidenta Patricia Linares, firmó una serie de contratos, 23 en total, por $6.342 millones.

Según publicó ElExpediente.co, el contrato que más llamó la atención es el que se suscribió para la contratación de abogados que defendieran a miembros de la antigua guerrilla de las Farc en el tribunal de la Organización de Estados Iberoamericanos.

El contrato JEP-342-2020 tuvo plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempló la contratación de 93 abogados, que costaron al estado $4.930 millones.

‘’Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de cooperación con la Secretaría Ejecutiva de la JEP en la implementación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), gestionando el equipo que garantizará el derecho de defensa y debido proceso a través de labores de asesoría y defensa judicial integral a los comparecientes exintegrantes FARC en el marco de las actuaciones de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género’’, reza el objetivo de dicho contrato que generó polémica en varios sectores de la opinión publica colombiana.

Al respecto, la Justicia Especial para la Paz respondió a través de varios mensajes publicados en Twitter. Según explicó el tribunal, “la  @JEP_Colombia  cubre la defensa de los comparecientes de las Farc y de la fuerza pública que no tienen con qué pagar un abogado”. En otros mensaje señaló que “el convenio celebrado entre la JEP y la OEI para defensa técnica de los comparecientes de las Farc que no tienen con qué pagar un abogado se suscribió en cumplimiento estricto del Acuerdo Final de Paz firmado por el Estado colombiano”.

Igualmente respondió ese tribunal que “La JEP también cubre la defensa técnica de los comparecientes de la fuerza pública que no tienen con qué pagar un abogado. Para esto destinó 444 millones de pesos. Esa defensa se hace conjuntamente con el FONDETEC, que también recibe recursos del Estado”, explicó el tribunal.

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