Por Oscar Jahir Hernández
En la ciudad de Bucaramanga existen varias instituciones públicas involucradas en escándalos de corrupción, clientelismo y politiquería, dentro de las cuales se encuentran la CDMB, la EMPAS, la ESANT y el Hospital Universitario de Santander, empresas que por sí mismas son toda una apología al delito desde el cubículo de la recepción hasta las oficinas de sus directivos. A este selecto grupo se le ha unido la Personería Municipal de la ciudad, un organismo donde prima la ineptitud de la mayoría de sus funcionarios gracias a la irresponsabilidad de muchos de los concejales que siempre votan a favor de quien les ayude a direccionar para sus amigos la contratación que allí existe.
La mejor muestra de eso fue la escogencia como personera de la abogada Katherine Martínez Fontecha, la misma que en menos de tres días suscribió 39 contratos por más de 1.280 millones de pesos al interior de una vivienda ubicada en la Calle 57 Nº 45-42 del Barrio Terrazas donde a los contratistas no se les permitió entrar con celulares y los obligaron a firmar los documentos sin siquiera leerlos.
Uno de ellos manifestó que pudo observar unas carpetas rotuladas con el nombre de una sociedad denominada “Burbano y Restrepo S.A.S.”, la cual resulta ser de propiedad del hermano de Mauricio Eduardo Burbano Ruales, ex jefe de la oficina financiera de la personería de Bucaramanga y hoy tesorero de la Clínica Guane de Floridablanca “Burbano y Restrepo S.A.S.” es accionista de la sociedad Alianza Diagnóstica S.A., la cual tiene como socio a Eduardo León Wilches Rozo, uno de los propietarios de la EPS Salud Total. Fue en esa dirección donde se gestó la historia que se convertiría en uno de los escándalos más sonados de la ciudad.
¡La contratista que encendió las alertas!
El viernes 11 de junio de 2021, la mayoría de contratistas de la personería de Bucaramanga llegaron hasta el sitio conocido como La Puerta del Sol, lugar donde la diputada Claudia Lucía Ramírez y sus colaboradores estaban pintando el mural en conmemoración a la memoria de la joven Paula Andrea Martínez Rojas.
Su presencia no solo estuvo marcada por el irrespeto de llegar al lugar para tomarse selfies en medio del dolor de la familia y el acompañamiento de sus allegados, sino también, por el extraño comportamiento de la comunicadora social Laura Juliana Contreras Ramírez, contratista de la personería quien de forma irresponsable y con total falta de profesionalismo realizó una entrevista amañada y amarillista que generó el rechazo de su presencia por parte de los verdaderos organizadores del evento.
Esta periodista ostenta uno de los criticados contratos hechos por la ex personera Martínez por un valor de 55 millones de pesos, sin desconocer que su llegada a la entidad estuvo marcada por un contrato previo por más de 3 millones de pesos en el año 2020 donde aportó como prueba de sus actividades un video con un mensaje de navidad y año nuevo.
Lo que más sorprende de este contrato no es el video sino la experiencia que presentó como soporte para poderlo suscribir. Uno de esos documentos es la certificación expedida por su ex esposo Farid Jones Zarate, quien en su calidad de director ejecutivo de Fendipetróleo le certificó el 3 de mayo de 2017 una experiencia de cinco años como comunicadora social adscrita a la empresa desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016, lo cual es una completa falsedad si se tiene en cuenta que Laura Juliana solo obtuvo su grado profesional el 9 de septiembre del 2016.
Siendo así las cosas, es posible que esta periodista fuera contratada con documentación falsa tal y como lo corroboraron telefónicamente los directivos de Fendipetroleo a nivel nacional, a quienes la misma personería ya les solicitó la confirmación de esa extraña vinculación. Para esos directivos no es la primera vez que sucede esta clase de cosas y es por ello que al día de hoy vienen adelantando procesos de tipo penal en Santander por la posible comisión del delito de falsedad en documento público relacionado con sus actividades como distribuidores de derivados del petróleo.
Esta situación prendió las alertas sobre lo que podría estar pasando con los demás contratos, los cuales después de revisarse terminaron revelando que la mayoría de ellos fueron direccionados para los familiares y colaboradores de varios de los concejales de Floridablanca ¡La historia es la siguiente !
El famoso “yo con yo”
Alba Ruth Molina Saavedra, hermana del concejal Salvador Molina Saavedra, quien desde mi opinión personal representa lo más bajo que tiene la política regional en razón a la hipocresía que surge cuando se enfrentan sus acciones con el discurso veintejuliero y leguleyo que caracteriza a este sujeto, estuvo inscrita como persona natural ante la Cámara de Comercio desde el 18 de agosto de 2005 hasta el 8 de agosto de 2016 con un establecimiento comercial denominado SANA-MÉDICAS, tiempo durante el cual presentó 11 declaraciones anuales de renovación mercantil bajo la gravedad de juramento en las cuales no se observa la contratación de personal que permita encontrar obligaciones laborales a su cargo, lo cual no es consecuente con la certificación que ella misma le expidió a su hijo Luis Andrés Gómez Molina en la cual manifiesta que lo tuvo como empleado desde el 5 de septiembre del 2010 hasta el 30 de julio de 2012, certificación que fue presentada ante la Personería Municipal en razón de su vinculación como contratista de la entidad.
Tiempo después Alba Ruth y su esposo Luis Fernando Gómez Posada, convirtieron el establecimiento SANA-MEDICAS en una S.A.S. que terminó expidiendo una certificación a su otro hijo Jorge Luis Gómez Molina, también contratista de la Personería en la cual su propia cuñada Julieth Marcela Blanco Bayona, ex contratista del concejo municipal de Floridablanca, da cuenta de haberlo tenido empleado como comunicador social desde el 3 de julio de 2018 hasta el 7 de julio de 2020, tiempo durante el cual ni siquiera se había graduado, ya que debe tenerse en cuenta que Jorge Luis recibió su diploma el 18 de diciembre de 2018, 5 meses después de su supuesta vinculación como profesional a la empresa, la cual también declaró bajo la gravedad de juramento no haber tenido empleados registrados durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, una situación que los pone a todos en el siguiente dilema:
Si reconocen que los sobrinos del concejal Molina si trabajaron para la empresa, incurrieron en una falsedad ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga sancionable penalmente, y si se mantienen en la declaración juramentada de no haber tenido empleados durante los últimos 16 años, se configura una falsedad en documento privado el cual fue utilizado para hacer incurrir en errores a un servidor público.
