Colombia es el país más corrupto del mundo, tal como los indicadores internacionales lo vienen demostrando desde hace varios lustros.
Cada año en este país los corruptos se roban cerca de 50 billones de pesos, según cifras reveladas recientemente por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, suma que equivale al 17 % del presupuesto general de la nación.
Son dineros públicos provenientes de los impuestos que pagan todos los colombianos al Estado y que se los roban funcionarios y contratistas corruptos a través de contratos que los particulares firman con entes oficiales municipales, departamentales y nacionales.
Estos hechos de corrupción quedan en la impunidad en su gran mayoría. Servidores de los entes de control que deben evitar los delitos, investigarlos cuando se cometen y sancionar a los responsables, entran en contubernio con los autores de tales actos y se convierten en sus cómplices.
Contralorías que deben ejercer el control posterior a la inversión de los dineros públicos, fiscalías que deben aportar pruebas para enviar a la cárcel a los corruptos y procuradurías que deben sancionar disciplinariamente a los culpables, en unos casos no cumplen sus funciones por omisión y en otros se vuelven cómplices a cambio de dineros, de dádivas, por compadrazgos, por recomendaciones, por amistad o por devolución de favores.
Que no se diga que la ciudadanía no denuncia los actos de corrupción. No señor. Las denuncias sobre hechos de corrupción, algunas periodísticas y otras elevadas directamente, llegan en abundancia a los entes de control pero al final solo sirven para que ciertos funcionarios se enriquezcan cobrando coimas a los autores de los delitos, a cambio de impunidad.
Casos de corrupción que quedan impunes en este país son numerosos : los contratos regionales del PAE, Folconpuertos, Dragacol, Invercolsa, Cajanal, Agro Ingreso Seguro, Saludcoop, Interbolsa, Reficar, Odebrecht, Fidupetrol, Chirajara, Hidroituango, Ruta del Sol, Universidad Distrital, etc.
Los anteriores, para mencionar solo los más sonados a nivel nacional. Pero en las regiones se dan a diario hechos de corrupción que cuentan con la complicidad de entes de control. Alcaldes que compran equipos y vehículos con sobrecostos para recibir comisiones de los proveedores; gobernadores que contratan obras públicas con pliegos tipo sastre para asegurar sus coimas; nominadores que cobran dinero a los interesados para hacer, por ejemplo, nombramientos o traslados de maestros; “investigadores” que dejan vencer los términos de tiempo para precluir o archivar procesos a cambio de dinero; y hasta con la pandemia del coronavirus algunos mandos medios se han lucrado haciendo chanchullos con la compra de mercados y de medicamentos.
Contralorías, fiscalías y procuradurías, por omisión o por acción, se convierten en cómplices y en alcahuetas de estos hechos aberrantes de corrupción, sin importarles el artículo 30 del Código Penal que habla de las conductas antijurídicas y de quienes las cometen o ayudan a cometerlas.
Con razón cuando se hacen encuestas preguntándole a la ciudadanía cuáles son los peores males del país, siempre aparece en primer lugar la corrupción, por encima de la violencia y del desempleo.
¡ Cómo quisiéramos que, en lugar de estar escribiendo sobre impunidad, pudiéramos estar escribiendo sobre resultados efectivos de los entes de control en la lucha contra este cáncer que esquilma las arcas de la nación, de los departamentos y de los municipios, desde los que son capitales hasta los más pequeños villorrios !.
