Luego de descubrirse que durante la administración del entonces alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández niños pobres de esta ciudad fueron obligados durante un año a comer carne podrida de burros y de caballos enfermos, ahora se detectan otras dos graves fallas de incidencia económica.
La Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento de los recursos públicos en cuantía de más de $99 millones de pesos, por irregularidades detectadas en el contrato PAE No. 01 del 4 de enero de 2017, celebrado entre el municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Bucaramanga Social.
En auditoría adelantada por el organismo de control, atendiendo una denuncia de la organización Colombia sin Corrupción, se verificaron dos situaciones irregulares que motivaron sendos hallazgos fiscales.
Primero: se presentaron mayores cantidades pagadas por las raciones alimentarias contratadas. En algunos meses, el número de beneficiarios atendidos no coincide con el número de raciones cobradas y efectivamente pagadas.
Segundo: se encontraron estudiantes que, según información del Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT, recibieron el complemento alimentario sin estar aún matriculados o cuando estaban retirados de la respectiva Institución Educativa.
En respuesta a la denuncia ciudadana recibida meses atrás, la CGR puso la lupa a los recursos invertidos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante el contrato de suministro No. 01 del 04/01/2017, en 23 Instituciones Educativas con 56 sedes en Bucaramanga y para el suministro diario de aproximadamente 8.128 raciones preparadas en sitio (almuerzo) y 7.565 raciones industrializadas.
Como resultado se tuvieron hallazgos con presunta incidencia fiscal por la suma exacta de $99.120.760.
PRIMER CHANCHULLO
Se encontró que en algunos meses el número de beneficiarios atendidos, según las planillas de recibo diario de los complementos alimentarios por cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, no coincide con el número de raciones cobradas y efectivamente pagadas por el Municipio de Bucaramanga, generando unas diferencias de $48.541.080.
Se determinó así un presunto detrimento patrimonial por dicho valor, que corresponde a 17.805 raciones industrializadas y 518 raciones preparadas en sitio (almuerzos), sin soportar algunas reubicaciones y relacionar en las planillas diarias de recibido los nombres de los beneficiarios atendidos.
SEGUNDO CANCHULLO
Al cruzar la base de datos del Sistema de Matrícula – SIMAT con el Formato de Registro y Control Diario de Asistencia presentado por el Operador del PAE mensualmente, se observó que beneficiarios de cinco sedes de Instituciones Educativas (seleccionadas en una muestra) recibieron el complemento alimentario sin estar registrados en el sistema como estudiantes oficiales. Supuestamente eran estudiantes de Instituciones Educativas que hacen parte de un total de 53 sedes de las 24 IE del Municipio de Bucaramanga cubiertas por el contrato cuestionado.
Hay estudiantes que pertenecen a otras IE de la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga, algunos más a Secretarias de Educación Municipal de otros departamentos y hay quienes ni siquiera registran información en el SIMAT como estudiantes oficiales matriculados.
La Contraloría encontró que 307 fueron los estudiantes no registrados en el SIMAT que recibieron beneficios del contrato: 40 de la IE Jorge Eliecer Gaitán Sede B Jornada Única, 42 de la IE Promoción Social del Norte Sede D Jornada Única, 45 de la IE Las Américas Sede B Jornada Única, 68 de la IE Campo Hermoso Sede C y 112 de Nuestra Señora del Pilar Sede E. Según la auditoría, esta situación se da por inconsistencias en el registro en SIMAT de la estrategia de alimentación escolar con los jóvenes matriculados y focalizados por cada institución educativa.
También se atribuye este hecho a deficiencias de seguimiento y control por parte de la Supervisión y/o Interventoría ejercida durante la ejecución del contrato, a los Formatos de Registro y Control Diario de Asistencia presentados por el operador del PAE mensualmente.
El hecho de que, según los soportes revisados, se suministre el complemento alimentario a jóvenes que no se registran matriculados en el SIMAT, como estudiantes oficiales de determinadas instituciones educativas, conlleva a un segundo presunto detrimento patrimonial, en cuantía de $50.579.680
———-
