La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años a la entonces alcaldesa de Villanueva, Santander, Lillyam Chaparro Ballesteros (2016-2019), por irregularidades en los contratos de suministro de útiles de aseo y cafetería, y una válvula para la planta de tratamiento de agua y materiales para arreglar la tubería del acueducto municipal.

La Procuraduría Provincial de San Gil demostró que la disciplinada restringió la participación plural de oferentes en los procesos contractuales de mínima cuantía MC-007-2016 y MC-009-2016, al exigir a los proponentes tener experiencia únicamente con el sector público.

Con esta conducta la exmandataria vulneró la libre competencia económica establecida en el artículo 333 de la Carta Política y desconoció los principios de igualdad, debido proceso, imparcialidad, moralidad y eficacia de la función administrativa, dispuestos en el artículo 209 de la misma norma.

A juicio del ente de control, Chaparro Ballesteros sabía que la regla de experiencia establecida en las invitaciones públicas no permitiría a algunos contratistas presentar válidamente sus ofertas, y a pesar de ello decidió limitar la presentación de sus propuestas.

La falta de la exmandataria fue calificada como gravísima cometida a título de dolo.

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