Por Héctor Gómez Kabariq

La empresa de transporte masivo de Bucaramanga –Metrolínea- se declaró en quiebra en las últimas horas tras varios años de duros descalabros económicos originados en los malos manejos de esa compañía estatal. Metrolínea ha sido una empresa ejemplo de corrupción.

Adeuda 157 mil millones de pesos derivados de fallos judiciales en su contra, debe miles de millones de pesos a las empresas operadoras dueñas de los buses, no tiene recursos para aumentar su capacidad transportadora y cada día moviliza un menor número de pasajeros. El panorama es pésimo y su recuperación es muy incierta.

La quiebra contemplada en la ley 550 le permitirá a Metrolínea llegar a acuerdos de pago con sus acreedores en un plazo prudencial. Si después de esos plazos la situación no ha mejorado, la empresa deberá entrar en proceso de liquidación y desaparecer.

Durante el período en que permanezca bajo la ley de quiebras, Metrolínea seguirá prestando servicio a la ciudadanía.

 “Pese a que desde la gerencia se hicieron todos los esfuerzos posibles y legales para obtener recursos vía transferencia de los municipios del área metropolitana o acceso a crédito, no fue posible y por ello se tomó la decisión más viable que fue proponer acogerse a la Ley 550 de 1999”, informó ayer la empresa en un comunicado de prensa.

Al margen de lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato con Metrolínea, es imperativo que los organismos de control investiguen las causas reales de la quiebra y establezcan responsabilidades a los culpables de esta grave situación.

La culpa no es del transporte informal, ni de la piratería, ni de la pandemia del coronavirus, como algunos quieren hacerlo ver.

La culpa es de su mal servicio, de sus altas tarifas y de quienes han manejado equivocadamente a la empresa entre ellos algunos alcaldes, gerentes y juntas directivas.

LOS CULPABLES

Un par de días antes de finalizar su alcaldía, Honorio Galvis le adjudicó el 40 por ciento de la operación de las rutas a varias empresas de papel cobijadas bajo el nombre de “Movilizamos”. Hoy ese consorcio está ad portas del fracaso.

También en ese entonces, la venta de tiquetes fue adjudicada a un empresario de la avicultura sin ninguna idea del transporte. Hace algunos días ese empresario anunció que se retira del negocio y que no continuará vendiendo los tiquetes.

La adjudicación y la posterior cancelación de contratos para las obras civiles en la adecuación de las vías se manejaron con turbios intereses y hoy Metrolínea, después de perder pleitos judiciales, no tiene cómo indemnizar a los afectados.

De otro lado, si el carril que Metrolínea se robó en la autopista a Floridablanca hubiese seguido siendo mixto, no habría existido la necesidad de invertir más de 250 mil millones de pesos en el llamado “tercer carril”.

Para la construcción del portal de «Papi Quiero Piña», contrataron a los chanchulleros primos Nule de Bogotá asociados con la firma Urbanas.  Hoy ese portal es un elefante banco y Metrolínea, de ñapa, debe indemnizar a los contratistas.

El servicio de movilización es pésimo.  Por ejemplo, entre el parque Bolívar y Versalles, (7 kilómetros), un pasajero demora 50 minutos y debe usar tres buses, (dos alimentadores y un articulado).  En los buses antiguos demoraba 15 minutos.

Las estaciones están en manos de los atracadores y las tarifas son las más altas de todas las empresas de transporte masivo urbano del país.

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández prometió en su campaña “subir a estrato 20” el servicio de Metrolínea, pero por andar pensando en cómo contratar a Vitalogic para que su hijo se quedara ilícitamente con 300 mil millones de pesos, olvidó  esa promesa y  entregó a Metrolínea peor de lo que estaba.

La empresa nació prestando servicio al sector de Cañaveral donde la mayoría de residentes tiene carro propio.  Hoy todavía no hay ni siquiera un mediano servicio de Metrolínea al norte de Bucaramanga ni a Girón, donde está la mayoría de usuarios del transporte público.

Los gerentes de Metrolínea, excepto  el caso del exgerente Jaime Rodríguez Ballesteros, fueron nombrados por los alcaldes desde un comienzo por politiquería y no por méritos.  No tenían ni idea de lo que era una empresa de transporte.

Las anteriores son apenas algunas de las razones de la quiebra de Metrolínea. Al margen de si sale adelante con la ley de quiebras o si la empresa definitivamente debe liquidarse y desaparecer, todos los culpables deben responder ante los entes de control. Alcaldes, gerentes e integrantes de su junta directiva. Que no se escuden en los mototaxistas ni en el coronavirus.

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