EL SALARIO DE LOS CONGRESISTAS ES EL PRECIO DE UNA DEMOCRACIA COMPRADA (POR RAFAEL SERRANO PRADA)

RAFAEL SERRANO PRADA

RAFAEL SERRANO PRADA

Por Rafael Serano Prada – Director El Frente

Se ha desatado una polvareda en el país  por el reajuste de dos millones de pesos mensuales en el salario de los Senadores y Representantes a la Cámara, para un total de veintiocho millones de pesos de la asignación mensual que recibe cada parlamentario, cifra equivalente a cuarenta salarios mínimos mensuales de los trabajadores de menores ingresos. A decir verdad, las personas humildes sienten rabia por estos incrementos que repercuten igualmente en las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, aunque en un porcentaje menos desafiante, dentro de esta democracia comprada.

La remuneración de los congresistas sirve para amortiguar los elevados costos de las campañas electorales, porque en la escala de salarios que se ha fijado para los Congresistas están incluidos los gastos de los desplazamientos para asistir a las sesiones del parlamento colombiano, el arrendamiento de las oficinas de atención al público en las capitales de los departamentos y las movilizaciones de los fines de semana para recorrer los municipios de provincia, donde se requiere su presencia para orientar las transferencias de la nación hacia las regiones.

Existen extravagancias que provienen de la Constitución de 1991, que creó las llamadas “Unidades Legislativas”, fuente de corrupción, donde medran y cobran sueldos como asesores, ujieres, secretarias y mensajeros, en su mayoría los ahijados políticos y las amantes de los parlamentarios en ejercicio. Los congresistas intercambian posiciones para colocar a sus familiares en las llamadas “Corbatas”, que adicionalmente cuestan alrededor de cincuenta millones de pesos por cada parlamentario. Lo que quiere decir que cada congresista colombiano le cuesta a la nación, es decir, a los contribuyentes,  alrededor de ochenta millones de pesos mensuales, una cifra injustificable.

Colombia introdujo  en la Constitución Nacional una falsa democracia, donde la elección de los parlamentarios se convierte en una subasta pública, eliminando las aspiraciones de las personas humildes aunque ilustradas en diversas actividades profesionales, dado que una campaña electoral para el Senado de la República cuesta alrededor de cuatro mil millones de pesos y una campaña a la Cámara de Representantes está por encima de los mil quinientos millones de pesos.

Los aspirantes al Congreso de la República en Santander y en Colombia deben comprar con mucho dinero la voluntad de los aspirantes a las alcaldías, las Asambleas Departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales.

Es una feria, donde desaparecieron las ideas y los programas de los partidos políticos, a cambio de la compra-venta de conciencias, con la fuerza corruptora del dinero. El parlamentario queda amarrado a los contratistas que le financiaron la campaña y se convierte en prisionero de la corrupción, que carcome el sistema electoral colombiano.

Las personas elegidas al Congreso de la República de Colombia se inscriben bajo la sombrilla de los partidos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, pero muchas de ellas, una vez elegidas, se olvidan de sus obligaciones con sus respectivas colectividades y se colocan al servicio de los contratistas, para recuperar a punta de coimas y porcentajes derivados de la intermediación ante los organismos oficiales, gran parte de los dineros que invirtieron en la campaña electoral.

Muy pocos líderes nacionales cuentan con el voto de opinión, con el respaldo del ciudadano que reconoce a través de la pantalla de  televisión, de los canales de radiodifusión y de los titulares de la prensa, el buen trabajo de algunos parlamentarios.  La adopción del voto preferente, destruyó a los partidos políticos tradicionales, que otrora adoptaban mecanismos convencionales para la conformación de las listas de aspirantes al Congreso de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.

Mientras a los parlamentarios se les acaba de reconocer un aumento de dos millones de pesos mensuales, para un salario de veintiocho millones de pesos, a los trabajadores rasos apenas le fueron reconocidos cuarenta y cinco mil pesos, para un salario mínimo mensual equivalente a setecientos mil pesos, una diferencia abismal que produce ira entre la gente humilde, que vive de la informalidad, de las ventas callejeras, de pedir limosna en los semáforos y de reclamar la posibilidad de un empleo digno. Definitivamente el sistema electoral reclama una profunda reforma, congelando el salario de los parlamentarios y creando mecanismos que impidan la desigualdad aberrante en el régimen salarial.

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