Hay que respetar a quienes votaron este domingo a favor de la consulta llamada “anticorrupción”. Seguramente fueron a las urnas convencidos de que iban a ganar y de que ese era el camino para extirpar la corrupción del país. Su decisión es respetable así haya sido equivocada, y no deben ser cuestionados ni mucho menos satanizados, ni agraviados.

Pero ni ganaron ni ese era el camino correcto.  Con consulta o sin consulta, la corrupción seguirá imperando en el país. Son otras las vías que se deben emplear para eliminar ese cáncer.

El juicio de responsabilidades debe recaer sobre  los promotores de este engendro inconstitucional y mentiroso. Es decir, la responsabilidad es de las amantes Claudia López y Angélica Lozano y de los senadores Antanas Mokus y Antonio Navarro, entre otros.

Se empecinaron en promover un acto electoral a sabiendas de que era ilegal pues sus dos principales puntos, (rebajar sueldos y prohibir la reelección indefinida), intentaban reformar la Constitución y eso no se puede hacer a través de una consulta. Y los otros 5 puntos ya existen en el ordenamiento legal de la nación.

El umbral era de algo más de 12 millones de votos y no lo alcanzó, lo cual equivale a decir que se despilfarraron cerca de 350 mil millones de pesos. Pudo estar cerca, pero no lo alcanzó y en Colombia no se valen los “casi”.

Que no se diga que el resultado es un mensaje de triunfo o un mandato que se debe acatar. Como en cualquier elección, se requiere un número mínimo de votos y quien no lo logre así sea por uno o dos votos, no sale elegido y en consecuencia no logra la curul. Sus promotores decían que iban a lograr más de 15 millones de votos y no lo lograron.  Esa es la verdad. Les quedaron faltando casi un millón de votos para llegar al umbral de más de 12 millones.

Había más de 36 millones de ciudadanos habilitados para votar pero solo lo hicieron poco más de 11 millones.

Y no pueden culpar al clima, (que fue muy bueno en todo el país), ni a la falta de financiación, ni a la falta de garantías, ni a los grupos armados ilegales, ni al gobierno. Hubo todas las garantías y facilidades posibles. Simplemente, la mayoría de colombianos aptos para votar entendió que la consulta era un ardid promovido con ánimos politiqueros y electoreros pensando en las elecciones del año entrante.

Que no se diga que la mayoría de colombianos aprueba la corrupción.  Ni más faltaba.  Simplemente, esa mayoría no se dejó engañar.

Conocidos los resultados adversos, la promotora Claudia López declaró : «Fue un éxito. Derrotamos a la corrupción». ¿ Cuál éxito ?. Hizo recordar al técnico de fútbol Maturana quien, cada vez que perdía Colombia decía: «Perder es ganar».  ¿ Éxito cuando de 36 millones de electores habilitados solo votaron poco más de 11 millones ?.

Se echaron a la basura más de 350 mil millones de pesos que hubiesen servido para atender al menos algunas necesidades elementales en salud y educación de miles de colombianos.

Este fracaso debe inducir a las autoridades a reglamentar la procedencia y la conveniencia de adelantar consultas populares. No es posible sacrificar la ley ni desperdiciar tanto dinero con tal de darle gusto a un par de politiqueros ávidos de figuración y de protagonismo.

Que se hagan las consultas pero que no sean ilegales ni mentirosas.

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