La Fiscalía General volvió a quedar en entredicho en las últimas horas a raíz de la situación jurídica del exgobernador de Santander y exsenador de la República Richard Alfonso Aguilar Villa.

El dirigente político estaba siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia mientras mantenía su condición de senador, por hechos ocurridos cuando fue gobernador de Santander.  Tras su renuncia a la curul en el Senado, el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía General.

Su situación es idéntica a la del expresidente y exsenador Alvaro Uribe Vélez, quien estaba siendo procesado por la Corte Suprema por hechos ocurridos cuando fue gobernador de Antioquia, habiéndosele dictado medida de aseguramiento. Una vez Uribe renunció a su curul de senador, el caso pasó a la Fiscalía General donde esa medida fue derogada.

Sin embargo, en el caso de Richard Aguilar, la Fiscalía se ha negado a derogar esa medida impidiendo que el exsenador Aguilar se pueda defender en libertad, decisión que fue avalada por el  Tribunal Superior de Bogotá que también negó hace algunos días la libertad al exsenador.

Es decir, ante dos casos exactamente iguales, la Fiscalía acepta la apelación del exgobernador Uribe pero niega la apelación del exgobernador Aguilar, vulnerándose el elemental principio de la igualdad.  “Es una Fiscalía bipolar”, dijo uno de los juristas del caso.

El abogado defensor de Richard Aguilar, Iván Cancino, señaló que el proceso contra Aguilar ahora se lleva por el sistema penal acusatorio en el que para privar de su libertad a una persona se requiere de la decisión de un juez de control de garantías a solicitud de la Fiscalía.  El defensor comparó este caso con el del ex senador Álvaro Uribe y dijo que mantener la medida de aseguramiento no resulta propio, dado que se presenta el mismo episodio jurídico en ambos casos.

La Procuradora delegada también ha pedido la libertad de Richard Aguilar asegurando que en el proceso no se está cuestionando la actuación de la Corte Suprema de Justicia y que, dado que Aguilar ya no tiene fuero de senador, lo tienen que investigar como exgobernador.

Añadió que el fiscal del caso puede decidir si le imputa cargos a Aguilar y con ello, en audiencia, pedir una medida de aseguramiento ante un juez. Por lo anterior, a juicio de la representante del Ministerio Público, el exsenador debe quedar en libertad.

Cabe recordar que Aguilar es investigado por posibles irregularidades en un contrato del año 2015 para el reforzamiento del Estadio Alfonso López en la Villa Olímpica de Bucaramanga por un valor superior a los 24.000 millones de pesos. El 5 de diciembre de 2014 la gobernación, a través de la secretaria de Infraestructura de la época, publicó el aviso de la correspondiente licitación pública y el 30 de enero de 2015 el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Reforzamiento 2015, constituida por las empresas Ingream SAS, Ingeniería, Servicios y Asesorías de Santander y Argeu S.A.

El proceso acusa a Richard Aguilar de, supuestamente, haber recibido dineros de parte de la firma encargada de adelantar las obras.

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