Por Héctor Gómez Kabariq
El exguerrillero Gustavo Petro es hoy la figura pública que encarna el proyecto político de la izquierda socialista en Colombia. Fue derrotado en las elecciones de 2018 por el hoy mandatario Iván Duque pero se mantiene vigente en el campo político del país. Duque obtuvo poco más de diez millones de votos y Petro obtuvo poco más de ocho millones de votos.
Sus tesis y programas son cercanos a regímenes como los que imperan en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y causan temor entre quienes defienden la democracia plena, la libre inversión, la libertad de expresión, el derecho al disentimiento y la propiedad privada.
Pero los órganos del poder público que rigen en Colombia bajo la tutela del presidente Duque están haciendo todo lo posible para que el próximo mandatario del país sea Gustavo Petro.
Los hechos de corrupción que se vienen registrando en las tres ramas del poder público brindan una gran oportunidad para que Petro siga erigiéndose como el estandarte de la anticorrupción y gane más adeptos cada día. No hay que olvidar que en todas las encuestas de opinión, la corrupción aparece como el punto que más repudia y que más preocupa a la inmensa mayoría de colombianos, por encima inclusive hoy del coronavirus.
HECHOS
En casi todos los contratos que adjudica el gobierno aparecen capítulos como el pago de sobornos, las obras quedan inconclusas y no hay sanciones. De otro lado, el manejo que le ha dado el ejecutivo a la pandemia del coronavirus descuidando al sector de la salud, beneficiando a los dueños de los grandes capitales como los bancos, ordenando compras con descarados sobreprecios y las constantes salidas en falso de la vicepresidenta Ramírez en contra de los más pobres, son abono que beneficia a Gustavo Petro.
El desprestigio del legislativo, también ordenando compras con sobreprecios hasta en los tapabocas para prevenir el coronavirus, eligiendo en las mesas directivas a muy cuestionados políticos, dejando atrás proyectos de ley que puedan beneficiar a los más desprotegidos y aprobando normas para enriquecer aún más a los muy pocos ricos del país, igualmente beneficia el proyecto político de Petro.
Así mismo, episodios protagonizados por órganos de control y vigilancia como la Fiscalía y la Contraloría, comprando elementos sanitarios en talleres de motocicletas, abriendo procesos en forma selectiva, dejando en la impunidad graves escándalos de corrupción y sus titulares viajando en plan de turismo por el país mientras el resto de colombianos cumple la cuarentena encerrados en sus viviendas, benefician a Gustavo Petro.
Y la rama judicial, alicaída con turbios sucesos como el llamado “cartel de la toga”, absolviendo a personajes culpables de los grandes escándalos de corrupción bajo la figura del “vencimiento de términos”, es otro poder público que ayuda al proyecto político de Petro.
De ñapa, el Consejo Electoral abriendo un proceso contra Petro por haber recibido en su campaña algo más de TRESCIENTOS MIL PESOS de parte de tres empleado públicos, cuando una campaña presidencial en Colombia vale más de CIEN MIL MILLONES DE PESOS y cuando se ha denunciado con pruebas la presencia de dineros del narcotráfico en la campaña de Duque para comprar votos, coloca al líder de la izquierda como un mártir perseguido por la justicia.
A todos los hechos anteriores hay que agregar la gran habilidad que tiene Petro para capitalizar a su favor todas las fallas del sistema y su capacidad oratoria con un discurso que obnubila a los sectores pobres y olvidados del país.
En síntesis, el gobierno, las tres ramas del poder público y todo el aparato del Estado, están haciendo lo posible para que en las elecciones de 2022 el exguerrillero Gustavo Petro gane la Presidencia de la República sin mayores esfuerzos.
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