La Fiscalía General de la Nación formuló cargos penales este miércoles por graves irregularidades en contratación al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Ante el juzgado décimo penal del circuito de Bucaramanga, la Fiscalía acusó a Hernández del delito de interés indebido en la celebración de contratos por la adjudicación de una consultoría para la implementación de nuevas tecnologías en el basurero del Carrasco.

La investigación contra Hernández y varios exfuncionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga tiene que ver con la contratación irregular del consultor Jorge Hernán Alarcón, quien elaboró la licitación para escoger al operador que se encargaría del manejo de las basuras en el basurero del Carrasco.

Para la Fiscalía, Hernández direccionó el proceso buscando que Vitalogic se quedara con el contrato de las nuevas tecnologías e instruyó en ese sentido al contratista Alarcón en la elaboración de los pliegos durante una reunión celebrada en el apartamento del exalcalde.

Además del direccionamiento del contrato, la Fiscalía también denunció que tanto el exgerente José Manuel Barrera, como el contratista Jorge Alarcón, falsificaron documentos tanto públicos como privados para tratar de legitimar el millonario contrato de asesoría.

“En julio de 2016, desde la Emab, con la firma de su gerente José Manuel Barrera, se publicaron seis actas desde la apertura del proceso de invitación para el contrato de consultoría hasta la declaratoria de desierta de la misma, sin embargo, todas eran falsas. Así mismo, en el proceso, Jorge Alarcón presentó dos propuestas de otros dos ingenieros que supuestamente estaban interesados en participar, sin embargo dichas ofertas eran falsas, ya que el señor Alarcón habría falsificado la firma de los dos ingenieros tal y como testificaron los dos implicados”, agregó la Fiscalía.

Por haber avalado o participado en la elaboración de la documentación adulterada, la Fiscalía también acusó al exdirector Jurídico de la Emab, César Fontecha, y al exsubgerente Técnico y Operativo de la entidad, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, exjefe financiero de la Emab.

El Código Penal estipula que el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 5 a 18 años de cárcel, multa de 66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 7 a 18 años.

Antes de finalizar este año habrá una segunda audiencia en la cual la Fiscalía podría pedir medida de aseguramiento intramural contra los implicados, entre ellos Hernández.

Cabe recordar que la Fiscalía, en otro proceso, también involucra a Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del exalcalde, quien firmó un contrato de corretaje con el contratista de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, Jorge Hernán Alarcón, y el empresario Luis Andelfo Trujillo. Con este corretaje, el hijo del exalcalde pretendía cobrar una comisión cercana a 300 mil millones de pesos cuando su papá entregara la licitación del Carrasco a la empresa Vitalogic.

Este proceso es apenas uno de varios que afronta el exalcalde Hernández ante la justicia penal.

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