A una pena que oscila entre cuatro y doce años de prisión podría ser condenado el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández de acuerdo con el proceso penal que se adelanta en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Los hechos giran alrededor del fallido contrato que su gobierno quiso adjudicar a la empresa Vitalogic para el tratamiento de las basuras de la ciudad.

Por este caso también está siendo procesado penalmente su hijo Luis Carlos Hernández.

La emisora BLU radio estableció que el pasado 04 de agosto la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra el exalcalde de Bucaramanga. En próximos días continuará el caso en un juzgado penal, donde se definirá si le dictan o no medida de aseguramiento. Al exalcalde ya le habían imputado este cargo y ahora se trata del escrito formal de acusación.

Son varios los procesos que por este mismo episodio se adelantan contra Hernández en la Fiscalía y en la Procuraduría.

En el caso objeto de la presente noticia, la investigación tiene que ver con la contratación irregular del ciudadano Jorge Alarcón, quien estuvo encargado de la estructuración del proceso para elegir a la empresa que se encargaría del manejo de las basuras en el llamado relleno sanitario del Carrasco. Los pliegos elaborados favorecieron a la compañía Vitalogic. Ese contrato con Alarcón se firmó por la suma de 336 millones de pesos.

Según las pruebas del expediente, Hernández, sin tener facultades para ello y pasando por encima del gerente, dio la orden directamente para que la Emab contratara al ciudadano Alarcón. De acuerdo con un audio de la reunión de la junta directiva de la Emab celebrada el 10 de agosto de 2016, Rodolfo Hernández dijo que Alarcón había sido contratado porque él había dado la orden. “Si algo hay responsabilidad en la contratación de él, (de Alarcón), me la tienen que echar a mí, yo vi todas las hojas de vida, la mayoría dicharacheros… entonces yo le dije a José Manuel (entonces gerente de la Emab) éste es el que me parece”, afirmó Hernández en la reunión.

Florentino Rodríguez, quien hacía parte de esa junta directiva por delegación de Hernández, reprochó la decisión. Los argumentos de Rodríguez eran dos : no era claro por qué contrataron a Alarcón para que se encargara, además de aspectos técnicos, de formular las condiciones financieras y jurídicas, si esa no era su especialidad; y sus servicios eran muy caros y le costaron $68 millones mensuales a la Emab durante cinco meses.

El contratista Alarcón vivía en Bogotá. Estando en Bucaramanga se hospedó en el apartamento donde reside Hernández, ubicado en el sector de Cabecera de la capital de Santander.

El delito que se le imputa a Rodolfo Hernández Suárez por este caso es el de interés indebido en la celebración de contratos.  Según el Código Penal, el funcionario que incurra en este hecho deberá pagar  prisión de cuatro a doce años, deberá cancelar una multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos mensuales vigentes y quedará inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre cinco y doce años.

Además del proceso penal, por este mismo hecho en septiembre del año pasado la Procuraduría General de la Nación acusó a Hernández de haber incurrido en un presunto interés indebido en la celebración de contratos, a título de dolo.

El exalcalde de Bucaramanga también es investigado por presuntas irregularidades en el proceso de selección para el tratamiento de las basuras que inicialmente fue adjudicado a la empresa Vitalogic, producto de los estudios elaborados por el contratista Alarcón.  Hernández presionó al director jurídico de la EMAB, César Augusto Fontecha, para que firmara el contrato con Vitalogic a pesar de que esta empresa no había presentado la póliza de garantía exigida por la ley sino una fianza que para el caso no era admisible, según consta en una grabación sonora que está en poder de la justicia.

En esa conversación grabada, el entonces alcalde le dice a Fontecha entre otras cosas : “Yo lo que digo es que él (el proponente Vitalogic) trajo una oferta de fianza… ahora ustedes van a hacer abortar por esa maricada… se va a perder un trabajo de 18 meses… acéptele la hijueputa esa garantía…”.

Finalmente ese contrato no se firmó gracias a la oposición de la Procuraduría.

La investigación de la Fiscalía también involucra a Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del exalcalde, quien aceptó que firmó un contrato de corretaje con el contratista de la EMAB Jorge Alarcón, (el recomendado de su papá Rodolfo), y con el empresario Luis Andelfo Trujillo. Este contrato de coima ilegal, que además fue autenticado en una Notaría de Bucaramanga, establecía que si la empresa Vitalogic era escogida, habría una comisión cercana a 300 mil millones de pesos.

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